México libra una dura batalla contra los plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el glifosato, una sustancia tóxica que fue introducida al mercado mundial por Monsanto en 1974.
Luego de un decreto presidencial emitido a finales de 2020, orientado a eliminar de forma gradual y progresiva el uso de este herbicida, en el Senado se prepara un paquete de reformas de más largo alcance.
En primer lugar, se plantea la sustitución de todo plaguicida que las autoridades consideren dañino para la salud y el medio ambiente y, en segundo lugar, se propone establecer un marco jurídico que promueva la adopción de productos alternativos, los denominados ‘bioinsumos’.
Sin embargo, hasta el momento no hay fecha para votar el dictamen en el Pleno. Los legisladores que promueven los cambios a la ley reglamentaria en materia de salud comentan a RT que ha habido mucha resistencia de parte de los gigantes del agronegocio.
En un principio interpusieron recursos judiciales en contra del decreto, pero no obtuvieron resoluciones a su favor. Ahora, con tal de impedir que se aprueben las reformas, se han dedicado a cabildear en el Congreso y lanzar campañas de desinformación.
Desde 2019 en el Senado de la República varios partidos políticos han presentado iniciativas en materia de plaguicidas.
Entre 2010 y 2019 México importó alrededor de 233.724 de toneladas de plaguicidas altamente peligrosos, de ese total, un 92% se quedó en territorio nacional.
De los grupos parlamentarios que han formulado propuestas destacan las de la senadora Ana Lilia Rivera, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dado que el grueso de ellas se terminó incorporando al dictamen que se discute actualmente en Comisiones.
Las iniciativas de la legisladora del oficialismo están orientadas a cumplir dos objetivos. Primero, disminuir de forma gradual y progresiva los plaguicidas altamente peligrosos. Y, segundo, dotar a los ‘bioinsumos’ de un marco jurídico adecuado para transitar hacia el uso de productos agroecológicos que sean sustentables con el medio ambiente.
En entrevista exclusiva con RT, Ana Lilia Rivera explica que sus propuestas de reforma a la Ley General de Salud son parte de una estrategia integral que busca la consolidación de un nuevo modelo de agricultura.
Este objetivo, detalla, es parte fundamental del proyecto de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, en diciembre de 2020, emitió un decreto para disminuir de manera gradual y progresiva el uso de glifosato y erradicar las semillas de maíz transgénico.
El Presidente #AMLO destacó que el asunto del #Glifosato todavía no está concluido y que son falsas las campañas para difundir que "nos vamos a quedar sin #maíz y sin alimentos". Desde el @senadomexicano voy a defender la vida y la salud de lxs mexicanos y daremos la batalla. pic.twitter.com/PRg2NvVR8C
— Senadora Ana Lilia Rivera (@Ana_LiliaRivera) November 22, 2022
La senadora propone que se establezca en la Ley General de Salud que las autoridades competentes deberán reducir y prohibir los plaguicidas altamente peligrosos con base en estándares internacionales.
En la exposición de motivos, su iniciativa revela que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha reconocido que existen por lo menos 134 registros sanitarios con vigencia indeterminada que incluyen glifosato.
A pesar de que se ha documentado que su uso atenta contra la salud y el medio ambiente, la Cofepris no ha cumplido con su misión de regular, controlar y vigilar la importación de plaguicidas altamente peligrosos, lamenta la legisladora.
El otro eje de las reformas tiene que ver con el establecimiento de un marco jurídico para los ‘bioinsumos’, productos a base de sustancias y procesos naturales que se utilizan en la agricultura, la ganadería y la pesca con probados resultados en la recuperación del suelo y la biodiversidad, así como en el aumento de los niveles de materia orgánica y la disponibilidad de minerales.
“La figura de ‘bioinsumo’ no existe como tal en México, entonces cómo vamos a poder impulsar políticas que nos permitan adoptar productos alternativos (a los plaguicidas altamente peligrosos) si no tenemos forma de incorporarlos en las compras consolidadas del Gobierno, en los programas sociales, etc.”.
Su propuesta consiste en crear un marco regulatorio en materia de ‘bioinsumos’ como parte de la Ley General de Salud para que se promueva su formulación, importación, aprobación, comercialización, distribución y aplicación.